sábado, 8 de diciembre de 2012

La pérdida de los bienes Comunales y de Propios en Moralzarzal


(La Desamortización General de Madoz en Moralzarzal)

A finales del siglo XVIII, en toda la Sierra Madrileña, la propiedad comunal era de gran relevancia, y los bienes de Propios y Comunes constituían la base en la que se sustentaba una economía articulada en torno a la agricultura, la ganadería y el transporte de materias primas (piedra, leñas) hacia Madrid.

Pero estos usos comunales serán desmantelados durante el siglo XIX: primero, a través de la reforma administrativa y territorial de España y, segundo, con la Desamortización de Madoz.

Durante la primera mitad del siglo XIX se producirán un conjunto de cambios y reformas que buscarán modernizan la estructura territorial y administrativa: en 1833, se produce la la división administrativa de España en 47 provincias peninsulares más las dos insulares; en 1836 desaparece el Concejo de La Mesta, la poderosa asociación de ganaderos de Castilla; en 1837 desaparecen los Señoríos (Real de Manzanares) y los Señores pierden sus atribuciones jurisdiccionales. Ese mismo año desaparecen las Comunidades de Villa y Tierra, etc.

En nuestro caso, con la desaparición del Señorío del Real de Manzanares y la definición y creación del término municipal, el Ayuntamiento de Moralzarzal pasó a ser el único reconocido legalmente como interlocutor entre el pueblo y la Administración. A través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Pero a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.

Una vez transferido “nominalmente” el poder vecinal a los Ayuntamientos, sobre el patrimonio común de los pueblos actuaría de manera implacable la desamortización, proceso que desató una fuerte oposición entre la población rural que veía en ella la desaparición de los montes y tierras de uso común básicas para el mantenimiento del sistema de ganadería tradicional.

¿Cuales eran, que superficie tenían y donde estaban los terrenos públicos de Moralzarzal en vísperas de la desamortización de Madoz?

La principal fuente de información que hemos utilizado, prácticamente todos los números y nombres de fincas, proceden de la tesis doctoral del investigador Carlos M. Manuel Valdés, que empieza su análisis sobre los bienes públicos a partir del Catastro de la Ensenada:

Estimación de la propiedad pública en Moralzarzal a mediados del siglo XVIII
Superficie del Municipio
Superficie en base a las Respuestas Particulares y
Respuestas Generales
Estimada a partir de información del Catastro de la Ensenada
Estimación superficie titularidad pública respecto al total
4.260 ha
948 ha
3.566 ha
83,70%
Fuente: Carlos M. Manuel Valdés (1996) con datos del Catastro del Marqués de la Ensenada.

El 83,7 % del término municipal de Moralzarzal eran tierras públicas, frente a los datos más moderados de municipios limítrofes: Becerril (53,3%), Collado Mediano (52,2%), Collado Villalba/Alpedrete (46,5%) o Manzanares el Real (52,3%).
Montes Comunales, de Propios y Mancomunados de Moralzarzal a principios del siglo XIX.
La configuración definitiva de los términos municipales durante el primer tercio del siglo XIX realizó una partición entre varios municipios de algunos montes que habían sido hasta la fecha objeto de usos mancomunados (El Berrocal, Dehesa de Rodiguelo, Cabeza Mediana). El Hormigal, aunque de Propios de Moralzarzal, fue adjudicado a Collado Villalba.
Los montes comunales (del común de los vecinos), gestionados por los vecinos (Dehesa de Abajo o Vieja, Robledillo, Dehesa de Arriba y Ladera de Matarrubia), serían exceptuados de la desamortización. Por contra, algunos montes  "de Propios", gestionados por el Concejo (Los Serrejones, La Navata, Ladera de las Suertes, etc.) fueron subastados por el Estado, aunque  se salvaron Los Berrocales y Los Linares. Muy probablemente, otros bienes públicos de Moralzarzal permanecieron ocultos durante el proceso de desamortización.
La historia de como perdimos una gran parte de este patrimonio comienza el 1 de mayo de 1855, cuando se aprobó una de las leyes de mayor trascendencia en la historia territorial española: la conocida como Ley Madoz o Ley de desamortización general. El artículo 2º de la mentada ley exceptuaba de la venta “los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno” así como “los terrenos que son hoy de aprovechamiento común”.

En1858, con los liberales en el gobierno, se entabló una lucha entre el Ministerio de Hacienda, partidario de la más amplia y rápida liquidación de los montes públicos y sin respeto a las normas establecidas, y el de Fomento que procuraba evitar la venta cuando no era razonable. Este último ministerio se vio obligado a realizar en 1859 una Clasificación General de los Montes Públicos. Fué una de las primeras funciones encomendadas al recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes.

En esta clasificación de 1859, figuraba que Moralzarzal disponía de 712 hectáreas de superficie pública. Pero la cifra real era mayor, aproximándose a 1.754 Ha.

Los políticos más liberales, bajo el amparo del espíritu desamortizador y las necesidades del erario público, propusieron ampliar las posibilidades de venta de los montes exceptuados en 1859. El 5 de febrero de 1862 se dictaron las reglas para la formación del primer Catálogo de Montes Públicos exceptuados de la desamortización, catálogo que incluyó la Dehesa Vieja y otros montes de Moralzarzal (que desconocemos), hasta sumar la cifra de, aproximadamente, 800-900 Ha.
Cartel de la Dehesa Vieja y Robledillo, monte exceptuado de la desamortización y catalogado como de Utilidad Pública

Este primer catálogo de 1862 dejaba fuera una superficie considerable de monte comunal de Moralzarzal. Por este motivo, el mismo año 1862, el Ayuntamiento de Moralzarzal presentó un expediente sobre las fincas Ladera de Matarrubia, Ladera de las Suertes, La Navata, Serrejón y El Berrocal, que sumaban más de 2.000 hectáreas de superficie. Si bien los aprovechamientos de estas tierras eran muy pobres: pastos extensivos, piedra, carboneo, constituían la base sobre la que se edificaba la economía rural del término, en especial para los propietarios de rebaños, los de caballerías mayores y de los carreteros que transportaban leña, carbón o piedra a Madrid.

Nuestra lucha llegó al Congreso de los Diputados. El diario de sesiones del 5 de diciembre de 1862, recoge el dictamen de la Comisión de Peticiones: “Varios vecinos de Moralzarzal, del Hoyo de Manzanares, Collado Villalba, Mataelpino, Collado Mediano, Alpedrete y otros pueblos de la provincia de Madrid, solicitan quede sin efecto lo dispuesto en el Real Decreto de 22 de enero último, relativo a la venta de montes del Estado, y que se exceptúen los de aprovechamiento común de los pueblos”, rematando “La comisión es de dictamen que pase al Sr. Ministro de Fomento”.

En la sesión del 31 de diciembre de 1862, el Ministro de Fomento, el Marqués de la Vega de Armijo, señaló: “El Congreso recordará que esta petición vino cuando se estaba discutiendo la ley de montes. Esta ley ha sido aprobada por el Congreso en la forma que todos los Sres. Diputados conocen, desatendiendo por completo la petición. El proyecto está pendiente de discusión en el Senado. Yo no tengo inconveniente en que se apruebe el dictamen en la forma que expresa la comisión; pero yo no haré más que remitirla al senado, adonde pueden acudir los peticionarios como han acudido al Congreso”.

El Sr. Ballesteros, defensor de la petición de los vecinos de los pueblos de la Sierra, intento desvincular el debate general sobre la ley de montes de la petición de estos municipios. Pero una vez pasada la petición al Ministerio de Hacienda, ésta fue desatendida. 

La documentación aportada por los Ayuntamientos sobre el dominio y formas de usufructo tradicionales fue requisito indispensable para el reconocimiento de un monte como de aprovechamiento común, pero en la mayoría de los casos fue insuficiente. Las solicitudes se sometieron al dictamen del Ministerio de Hacienda y de los integrantes de las juntas de agricultura y diputaciones, con frecuencia activos participantes en la desamortización y opuestos por principio a los aprovechamientos vecinales.

Sabemos que el resultado de estas gestiones en el Congreso fueron que se pudo excluir de la venta la finca de Los Linares de (44 Ha) y, probablemente, El Berrocal (120 Ha).

Pero no la finca de La Navata (879 Ha), que se subasta en 1885 (Los usos, modo de gestión, historia y subasta de esta finca la cuenta excelentemente Jesús Martín en su libro Historia de Moralzarzal)

También fueron vendidas, aunque no sabemos la fecha, la Ladera de las Suertes (330 Ha) y el Serrejón (300 Ha). En total 1.509 Ha. A partir de este momento, y pese a los ingresos por esta subasta, las arcas municipales de Moralzarzal sufrieron la disminución de las rentas de propios de toda esta superficie subastada.

Además de Los Linares y El Berrocal, se habían salvado de la desamortización, por la vía de la excepción, la Dehesa de Arriba (140 Ha), Dehesa Vieja (54 Ha), Ladera de Matarrubia (463 Ha) y Robledillo (6 Ha). Estos 4 últimos montes, los de uso históricamente comunal, entrarían a formar parte del primer Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1901.
Mapa de la Dehesa de Arriba, monte exceptuado de la desamortización y catalogado de Utilidad Pública

Pero hubo otra forma de oposición a la desamortización, oposición que se canalizó a través de maniobras dilatorias por parte de los municipios, que se negaron a facilitar datos sobre las propiedades de Propios. Esta estrategia pretendía evitar el impuesto del 20% sobre sus rentas, así como su venta, la regulación y subasta de parte de sus frutos y nuevos gravámenes, como un 10% adicional aplicado desde 1877 a todos los aprovechamientos forestales – salvo el pasto de ganado de labor- y desde 1888 la exigencia a los pueblos del 20% del valor en tasación de sus montes para conseguir su excepción de enajenación como dehesa boyal.

En Moralzarzal esta estrategia tuvo su efecto. En una relación de montes propiedad del Ayuntamiento de 1925 podemos conocer los nombres de otros predios que pudieron mantener la titularidad municipal: Arroyuelos (8 Ha), Canto Hastial (66 Ha) y Canto Canchado (61 Ha). Si la estimación de la superficie de montes públicos en 1859 era de 1.754 Ha, queda claro que una parte de este patrimonio público había permanecido oculto a los ojos del Ministerio de Hacienda.

Además de la pérdida de una gran superficie de bienes públicos, las reformas administrativas durante el siglo XIX supusieron un drástico cambio en la forma de gestión de los montes. A partir de 1855, los Ayuntamientos- que hasta entonces habían dispuesto libremente del destino de los bienes- perdieron esta facultad.

Con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes en 1853, la gestión de los montes del catálogo será tutelada por este colectivo. El Ayuntamiento cedía al Estado una parte de las rentas de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones) y a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. Por este motivo, cuando el Gobernador Civil solicitó en 1861 al Ayuntamiento de Moralzarzal que pusiéramos los medios para construir el nuevo Ayuntamiento y, dentro de el mismo, dedicar una parte a la escuela, el Ayuntamiento solicitó permiso para cortar (leña) en el monte de la Dehesa Nueva y los resalvos de la Dehesa Vieja, y del dinero que se sacara más otras partidas se podría acometer la obra.

Si desde la formación del Catálogo de1859 los montes públicos se habían dividido en enajenables (subastables) y los exceptuados de la venta, con el cambio de siglo esta diferenciación dará lugar a, por un lado, los montes de utilidad pública, que proceden del listado de los montes exceptuados de la desamortización y, por otro, de los que no revisten interés general, que se denominarán bienes de “libre disposición”.

La inclusión de algunos montes (Dehesa Vieja y Robledillo, Ladera de Matarrubia y Dehesa de Arriba) en el Catalogo de Montes Exceptuados de 1862 y en el de Montes de Utilidad Pública de 1901 supone que desde mediados del siglo XIX, en virtud de la legislación forestal, se limita drásticamente la modalidad de disfrute comunal, libre y gratuito para los vecinos, y es la Administración de Montes la encargada de autorizar y supervisar los usos.


MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE MORALZARZAL 

Nombre
Nº del catálogo de MUP
Fecha  incorporación al catálogo
Sup pública en el Catálogo de 1901
Año de aprobación del deslinde
Sup total / Sup pública
Ha. (1)
según deslinde
Dehesa Nueva
19
1901
139
1969
140,25
Dehesa Vieja y Robledillo
20-22
1862
54
1969
59,71
Matarrubia
21
1901
448
1965
489,97 / 462,67

 Así, en las actas de los plenos municipales del Ayuntamiento de Moralzarzal de 1904 que recogen la información sobre las subastas y arriendos de las fincas municipales, se refleja esta dualidad: por un lado, las fincas de Los Linares y El Berrocal, “montes de Hacienda” (antiguos montes de Propios y ahora “de libre disposición”) que tributan el 20% de sus rentas; y, por otro, las dos dehesas y la Ladera de Matarrubia, los “montes de Fomento” (antiguos montes del común, ahora montes de utilidad pública), cuyos aprovechamientos se subastan bajo la dirección del Distrito Forestal.

Concluyendo, en este proceso no sólo perdimos la capacidad de decisión sobre nuestros montes vecinales, toda una cultura del uso colectivo, sino que la desamortización supuso la pérdida del 42,31% de los bienes públicos de Moralzarzal. Esta pérdida debió suponer un impacto tremendo en las rentas municipales, la ganadería extensiva y en la economía de los cebolleros.

Ya durante la segunda mitad del siglo XX, las fincas de Los Linares, El Berrocal, Los Arroyuelos fueron segregadas y/o urbanizadas. Otras fueron expropiadas por el ejército para la creación del campo de maniobras militar de Los Palancares.

Mirando la botella medio llena, el proceso desamortizador transformó nuestros montes comunales en montes de utilidad pública (962 Ha, el 22,6% de la superficie del término municipal) y conseguimos también esconder un conjunto de fincas municipales que lamentablemente, hemos ido vendiendo, segregando y parcelando (con la excepción, hasta ahora, de Los Praderones).

Estos bienes públicos, en especial la dehesas, son antiguos montes comunales testigos de un pasado colectivo y de uso tradicional del territorio. Es cultura y tradición, algo que debemos mantener y por lo que debemos luchar.

Fuentes:
  • Actas del pleno municipal del Ayuntamiento de Moralzarzal de 1904.
  • Diario de sesiones del Congreso de Diputados de 5 y 31 de diciembre de 1862.
  • En defensa de lo Comunal. Diario de León, 07/08/2012
  • Balboa Navarro, I. et al. (2002). Bienes Comunales. Propiedad, arraigo y apropiación. Piqueras Arenas, J.A. (coordinador). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centro de Publicaciones, 2002.
  • López Estébanez, N., y Sáez Pombo, E. 2002. Gestión, aprovechamiento y paisaje de las dehesas de Guadarrama y Somosierra (Madrid). Eria, 58 (2002), págs. 231-245.
  • López Estudillo, A. 1992. Los montes públicos y las diversas vías de su privatización en el siglo XIX. Agricultura y Sociedad nº 65 (Octubre-Diciembre 1992) (pp.65-69)
  • Manuel Valdés, C.M. (1996). Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (sectores central y meridional). Serie Estudios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica.
  • Martín, Jesús (2007). Historia de Moralzarzal. Ayuntamiento de Moralzarzal.
  • Wikipedia: La Desamortización española. http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortizaci%C3%B3n
  • Wikipedia: El Catálogo de Montes de Utilidad Pública. http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_de_montes_de_utilidad_p%C3%BAblica


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